Teoría & Derecho. Revista de pensamiento jurídico
Vulnerabilidad, sujeto y arquitectura institucional. Análisis y crítica del modelo normativo de Martha A. Fineman
El presente trabajo ofrece una revisión actualizada de la teoría de la vulnerabilidad desarrollada por Martha A. Fineman. Se delinean las estructuras fundamentales de su ambiciosa reconfiguración teórica del sujeto jurídico y del rol del Estado, anclada en dos condiciones universales de la existencia humana: la vulnerabilidad física y la dependencia social. Esta revisión es seguida por un análisis crítico. Por un lado, se destaca que su «inversión del método» le permite eludir el debate conceptual sobre la vulnerabilidad y concentrarse en la articulación de nociones estructurales como la justicia social, la igualdad y el contrato social. Asimismo, se subraya el rendimiento potencial de su propuesta frente a los desafíos globales contemporáneos. Por otro lado, se señalan ciertos flancos abiertos en su proyecto, vinculados a la aspiración universalista que lo orienta, a la escasa consideración de desarrollos críticos afines en torno a las nociones de agencia y autonomía, a las dificultades estratégicas para insertar su tesis en el esquema socio-político vigente, y a los riesgos de que —en su afán por responder a urgencias normativas— pueda ofrecer una plataforma susceptible de justificar políticas antidemocráticas o perfeccionistas. Finalmente, el trabajo concluye con una reflexión sobre los alcances, límites y posibles usos de la teoría en escenarios jurídicos e institucionales concretos.
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La dogmática tributaria latinoamericana y la teoría de los sistemas
La teoría de los sistemas sociales de Luhmann se ocupa del sistema jurídico como subsistema social, cuya función es la reducción de la complejidad a través un código binario “lícito/ilícito”, que determina expectativas que se pueden cumplir y expectativas que se deben frustrar. Una hipótesis especial de Luhmann es que el sistema jurídiaco evoluciona desde soluciones basadas en la clasificación en una tipología predeterminada, hacia soluciones basadas en consecuencias, lo que se observaría primeramente en la dogmática. En este trabajo se realiza un estudio de campo de dicha hipótesis especial tomando como caso la dogmática tributaria latinoamericana expresada en las resoluciones de las Jornadas del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario (ILADT).
Los intereses vulnerables de las futuras generaciones, dos sentencias claves para su comprensión: STC 142/2024, de 20 de noviembre en relación al Mar Menor y la STEDH Klimaseniorinnen, de 9 de abril 2024
Asistimos a un cambio de paradigma desde muchos aspectos de la vida, pero de manera evidente en materia medioambiental. La urgencia climática evidenciada por la ciencia y tecnología, nos manifiestan una prevención reforzada climática, no solo en favor de las generaciones presentes, sino también de las que están por venir. Jurídicamente es compleja la situación que se le presenta a la Judicatura: normas incompletas, una inexistente Jurisdicción que abarque estos aspectos que superan la soberanía nacional, con nuevos retos para el derecho procesal, nuevos intereses, nuevas subjetividades y nuevas formas de protección. Todo ello por encontrarnos ante bienes demaniales, cuya tutela exige altas dosis de solidaridad para protegerlos a ellos y, en consecuencia, también a los derechos individuales de las personas. A ello se refieren las sentencias objeto de estudio, siempre enfocadas desde la perspectiva de las futuras generaciones.
Justicia intrageneracional e intergeneracional
La especial vulnerabilidad del menor extranjero no acompañado en conflicto con la Ley penal
Pese a que la infancia es universalmente reconocida como vulnerable, el sistema penal no está adaptado a sus necesidades, sobre todo, en aquellas situaciones en las que se atribuye un hecho delictivo a un menor extranjero no acompañado, pues su fragilidad derivada de la edad se ve agravada por factores procedentes de su condición de migrante que se encuentra en el territorio nacional sin compañía de sus progenitores u otro adulto responsable. La discriminación indirecta, el desconocimiento cultural y la falta de formación de operadores jurídicos refuerzan su exclusión. A lo largo de estas páginas, se aboga por una evaluación individualizada del menor en una etapa temprana del proceso que evidencie sus necesidades concretas a efectos de la adopción de las medidas que aseguren una justicia más inclusiva y equitativa para estos menores.
Colectivo LGTBI, derecho a la igualdad y prohibición de discriminación: especialidades procesales
Las reformas legislativas en materia de igualdad evidencian la utilización de diferentes técnicas, para lograr la protección real y efectiva de los derechos de grupos vulnerables. Esta tendencia se aprecia claramente en la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Frente a las discriminaciones estructurales se utilizan tres técnicas legislativas procesales. Por un lado, se amplía el abanico de sujetos legitimados para solicitar ante los tribunales la protección de los derechos de las personas trans y demás integrantes del colectivo LGTBI. Por otro lado, se amplían los mecanismos de publicidad del proceso y la posibilidad e intervención de terceros. Y, en tercer lugar, se modifican las normas procesales sobre carga de la prueba con el objeto de que sea más fácil probar la discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales.
La palabra de los vulnerables. Sobre la valoración del testimonio de las personas con discapacidad intelectual
Valorar la fiabilidad de un testimonio no es asunto sencillo. La dificultad aumenta cuando el testigo es menor, o está sometido a estrés, o a influencias de cualquier tipo, o cuando sus facultades perceptivas o intelectivas están disminuidas. De hecho, los estudios de psicología del testimonio han puesto de relieve esta dificultad y han aportado sugerencias muy valiosas sobre cómo llevarlo a cabo en los diferentes supuestos. Uno de los supuestos especialmente problemáticos tiene lugar cuando el declarante está afectado por una discapacidad intelectual. En estos casos, la valoración de su testimonio está rodeada de mitos y falsas creencias que, o bien lo privan de credibilidad sin justificar por qué, o bien le conceden una gran credibilidad, pero de nuevo sin justificar por qué. Abordo aquí esta cuestión para: 1) sostener que ninguna de estas dos posturas es aceptable; y 2) examinar qué ajustes hay que hacer para garantizar una declaración de calidad (primero) y para valorar correctamente su fiabilidad (después). Solo así se hará efectivo su derecho de acceso a la justicia y se obtendrá una decisión epistémicamente fundada.
Vulnerabilidad, prueba preconstituida y derecho (efectivo) a la defensa
La LO 8/2021 ha alterado sustancialmente el régimen jurídico relativo a la prueba preconstituida en relación con determinadas personas en situación de vulnerabilidad que declaran como testigos. Ahora ha de procederse obligatoriamente a la preconstitución probatoria en estos casos, siendo muy excepcional la presencia de los testigos en el plenario. En este escenario entran en juego dos circunstancias a ponderar, muy relevantes ambas. Por un lado, la necesidad de adoptar medidas de protección sobre las personas vulnerables que han de declarar; por otro lado, la necesidad de respetar el derecho a la contradicción y a la defensa de la persona investigada.
Personas vulnerables y medios adecuados de solución de controversias
Constituye una preocupación y un objetivo de nuestro ordenamiento reforzar la protección de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. También en los medios adecuados de solución de controversias (MASC) puede ser necesario ese reforzamiento para garantizar que el acuerdo es realmente el fruto de la voluntad querida. En el trabajo se analizan los distintos modos e instrumentos con los que se pretende dispensar la debida protección y sus carencias: exclusión de determinadas materias, procedimientos reglados, coste de las actuaciones, cargas y desincentivos, formación de los profesionales.
Medios adecuados de solución de controversias (MASC)
Tutela procesal de las personas vulnerables: el proceso judicial a medida
Una nueva categoría jurídica se está asentando en el entorno normativo. La consideración de persona o grupo vulnerable es reconocida ya a nivel legal, tanto en las normas materiales como, de manera directa o indirecta, en el ámbito procesal. Es importante determinar los espacios de vulnerabilidad y, con ello, sus posibles consecuencias procesales, fundamentalmente de cara a la posible evolución hacia un procesal judicial adaptado a la situación y necesidades del vulnerable que le permita obtener una verdadera tutela judicial efectiva desde su inicial situación de desventaja o desigualdad ante el proceso. El tradicional binomio entre legalidad y discrecionalidad en la aplicación de la norma procesal va a ser ponderado desde los principios de flexibilidad y proporcionalidad como ejes sobre los cuales proceder a la pertinente adecuación procesal.
Pensar la vulnerabilidad y su incidencia en la justicia
La vulnerabilidad es una noción polisémica, dinámica y actual, si bien encuentra en la historia jurídica un por qué de su emergencia y en el pensamiento jurídico, las diversas posiciones que permiten transitar hacia una necesidad insoslayable de incursión en el mundo jurídico y especialmente en la Justicia. En este trabajo se atiende al pasado, para comprender el presente, con atención al pensamiento ético y filosófico, diferenciando entre vulnerabilidad, que es la condición, y los grupos vulnerables, que son la situación. Aun cuando es importante su diferenciación, se integran ambas para reconocer, desde los derechos humanos, la necesidad de paliar o minimizar la situación o situaciones vulnerables y, con ello, desde la noción de “vulnerabilidad” ofrecer un criterio interpretador —categoría jurídica— que permita hacer frente a los estados vulnerables, desde el respeto a los derechos, evitando paternalismos -que no es sino el ejercicio de una forma de violencia que impide la independencia- y manejo de la justicia desde el poder de la respuesta vengativa o la desproporcionada intervención ante posibles riesgos. El papel del Estado como legislador, como Poder Judicial y desde las acciones públicas institucionales es imprescindible para afrontar un tratamiento de la dinámica y polisémica noción de vulnerabilidad.
Presentación: Vulnerabilidad y justicia procesal sostenible
La persona como concepto-guía en la formación de la cultura de los derechos fundamentales
Sin negar que la proclamación constitucional de unos derechos del individuo fuera el producto de procesos revolucionarios concretos (y en tal sentido, de cambios traumáticos cargados de ingredientes accidentales y novedosos), en el presente artículo se sostiene que la cultura de los derechos solo puede comprenderse a partir de un particular ethos de la libertad que procede de épocas muy anteriores y que puede ser estudiado, desde la Antigüedad tardía hasta la Revolución americana, siguiendo el hilo conductor de la noción filosófica de persona. Esa revisión de la génesis intelectual de los derechos puede servir también para abordar la interpretación de nuestra Constitución vigente, que define los derechos fundamentales como titularidades inherentes a la dignidad de persona al servicio del libre desarrollo de la personalidad.
Criminal law is different: razones para no aplicar en derecho penal las obligaciones positivas de tutela derivadas de los derechos fundamentales
Este trabajo no discute que los Estados puedan estar obligados a proteger los derechos fundamentales frente a los ataques de que son objeto por parte de particulares. Pero se defiende que dichas obligaciones no alcanzan al derecho penal. En primer lugar, porque las razones que avalan la existencia de obligaciones de tutela en otras ramas del ordenamiento jurídico no son trasladables al derecho penal. Para demostrarlo, se compara cómo nacieron y se han aplicado, en la jurisprudencia del tribunal constitucional alemán, el efecto horizontal de los derechos fundamentales entre particulares en el derecho civil o laboral (Drittwirkung), por un lado, y los deberes de protección penal (strafrechtliche Schutzpflichte), por otro. En segundo lugar, porque en derecho penal estas obligaciones no funcionan como lo hacen en esos otros ámbitos: en el derecho penal debilitan los derechos fundamentales del acusado, reducen el ámbito legítimo de juego del legislador, y permiten a los tribunales constitucionales imponer en temas polémicos determinadas opciones de política criminal haciéndolas pasar por las únicas compatibles con el respeto a los derechos fundamentales. Esta tesis se ejemplifica con los casos del aborto y de la custodia de seguridad.
Una teoría asimétrica de las obligaciones positivas de protección penal derivadas de los derechos fundamentales
Varios tribunales constitucionales e internacionales han declarado que de los derechos fundamentales se derivan para el Estado obligaciones de protegerlos penalmente, conminando con penas las conductas que los lesionen gravemente, investigando estas conductas, persiguiendo a los culpables y castigándolos. En el presente trabajo se examinan las críticas de que ha sido objeto esta jurisprudencia, se ponen de manifiesto las razones que justifican la existencia de los derechos fundamentales a la protección penal y se advierte que entre ellos y los derechos fundamentales que los ciudadanos tienen frente al ejercicio por parte del Estado de su ius puniendi existen algunas asimetrías, relativas a: la necesidad de su salvaguarda constitucional; la deferencia que los tribunales deberían mostrar a la hora de enjuiciar si se han respetado tales derechos; la obligación de observar ciertas garantías formales para limitarlos; y las consecuencias jurídicas de su vulneración.
El derecho a la seguridad en tiempos iliberales
Los populistas de derechas han convertido el derecho a la seguridad en un arma para consolidar el poder autoritario y legitimar políticas represivas. Este artículo esboza en primer lugar esta tendencia y, a continuación, sitúa esta forma de «populismo de los derechos humanos» en el contexto de la más amplia historia del derecho a la seguridad dentro de la teoría, la política y el derecho de los derechos humanos. Sostiene que la fuerza legitimadora del derecho a la seguridad como un meta-derecho siempre ha albergado en sí misma el potencial de socavar el sistema de los derechos humanos en su conjunto, y que ahora que el derecho a la seguridad está en manos populistas hay que resistirse a él por motivos filosóficos, jurídicos y políticos.
Tres muestras de erosión de la legalidad por resoluciones del Tribunal Constitucional
En este texto se muestran tres ejemplos de erosión de la legalidad causada por resoluciones del Tribunal Constitucional español en las que ese Tribunal se aparta de su función de declarar el sentido del texto constitucional a través de razonamientos jurídicos y se adentra en el terreno del legislador, bien porque manipula una disposición legal, bien porque le dice al legislador lo que debe hacer o, finalmente, porque le impide continuar el proceso de debate y, en su caso, aprobación de una iniciativa legislativa.
Jurisprudencia penal desfavorable: gonna walk and don’t look back
La retroactividad de la jurisprudencia penal desfavorable constituye un dilema entre la seguridad jurídica y la protección que provee la norma penal (y a la que sirve la dependencia exclusiva del juez de la ley). Como afirma el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el dilema debe decantarse a favor de la irretroactividad siempre que se trate de un cambio de una línea jurisprudencial consolidada, sin excepciones y sin visos perceptibles de cambio.
prohibición de retroactividad desfavorable
Política criminal y proceso político democrático: los límites de la racionalidad y el papel de los expertos
Aunque en la bibliografía reciente son abundantes los análisis críticos de los procesos legislativos en materia penal, sin embargo, lo más usual es que la perspectiva adoptada sea bien un punto de vista estrictamente empírico (proporcionando una narración de dichos procesos), o bien uno de índole normativa (valorando la adecuación de los mismos y haciendo propuestas para mejorarlos). En cambio, no es frecuente que en dichos análisis se presente una teoría del proceso legislativo en cuestiones político-criminales que atienda a las características específicas que el proceso político reviste en las democracias contemporáneas de masas y de opinión pública. Y que, por ello, permita comprender adecuadamente las dinámicas causales (sociológicas, psicosociales y políticas) que condicionan los resultados posibles del debate político-criminal real (no el de los teóricos, sino el de los actores políticos) en tales sistemas políticos, así como el papel de los expertos dentro del mismo. Proponer un modelo para dicha teoría es precisamente el objetivo de este trabajo.
Democracia penal y posilustración. Lo que queda del constitucionalismo penal de los años 70
El presente trabajo realiza un análisis de la denominada crisis del principio de legalidad, a partir de un análisis histórico que toma como referencia el constitucionalismo penal, pero que se abre a otras cuestiones que inciden en la necesidad de repensar la dogmática creada alrededor de este principio, considerando los cambios en sus presupuestos estructurales derivados de la propia situación de conflicto en que se encuentra el poder legislativo, como fuente del derecho penal, y, en última instancia el debate político.
El factor indomesticable. Elementos para la reflexión iusfilosófica de la disrupción digital
En las siguientes líneas se exponen los elementos fundamentales para la consideración de las tecnologías disruptivas de la información (IA, Big Data). En primer lugar, se describe el contexto jurídico, económico y social del desarrollo tecnológico actual. Para ello, se ahondará en la fragmentación del derecho contemporáneo y la transformación de la estructura del Estado-Nación (Cutler; Mercado Pacheco; Zumbansen). Se considera, en segundo lugar, las definiciones esenciales y elementos filosóficos de esta tecnología. Aquí analizaremos su descripción característica (Delipetrev, Tsinaraki et al.) y sus elementos metafísicos esenciales (Joque, Pasquinelli). A continuación, se analiza el estado actual de la legislación en torno a estas tecnologías (Gutiérrez García, Hernández Peña), pasando a continuación a la consideración geopolítica de la relación tecnología-política de EE.UU., China y la Unión Europea. Se concluyen con unas reflexiones de balance crítico.
Presentación: la erosión del principio de legalidad en el sistema de justicia penal contemporáneo
Conflictos entre la dignidad y la libertad: una reformulación
Este artículo analiza los conflictos entre la dignidad humana y la libertad que surgen a la hora de decidir si ciertas prácticas sociales controvertidas deberían ser permitidas o prohibidas por el derecho. El autor sugiere que estos conflictos pueden comprenderse y tratarse mejor si se replantean como una discrepancia acerca de las condiciones necesarias para garantizar la libertad no sólo de los directamente implicados en esas prácticas sino de todos los miembros de la comunidad. Una de esas condiciones es la disposición de un amplio ámbito de no interferencia, y es la que reivindican quienes invocan la libertad. Otra de esas condiciones, igualmente importante, es la vigencia de prácticas sociales significativas y valiosas, y a ella se remiten quienes invocan la dignidad, considerando que promover tales prácticas y desalentar las que no lo son puede y debe hacerse por medios jurídicos.
La ley penal: manual de producción para el legislador honesto
Mediante una descripción densa de la tramitación de la LO 14/2022 se muestran dos fenómenos que vienen produciéndose en los últimos años en materia penal: en primer lugar, el intento (exitoso) de eludir las normas sobre elaboración de proyectos mediante el uso de proposiciones de ley; al respecto, se muestra empíricamente la evolución desde el uso mayoritario de proyectos hasta el de proposiciones de ley. En segundo lugar, la crasa infracción de las normas sobre procedimiento legislativo en el propio congreso, así como la muy limitada capacidad de evitación del TC, tanto por razones de diseño institucional (limitaciones del amparo parlamentario) como lentitud en la respuesta (más de un 75 % de las resoluciones llegan en otra legislatura). Ulteriormente, se analiza la doctrina del TC sobre las exigencias del amparo parlamentario y la supuesta necesidad de homogeneidad de las enmiendas, que se demuestra no se ha exigido realmente desde la en su momento esperanzadora STC 119/2011.
La paradoja de la heroicidad: la defensa de lo indefendible
El trabajo identifica, en primer lugar, lo que denomina la Paradoja de la Heroicidad. Que un abogado acepte como cliente a alguien que ha cometido crímenes horrendos genera habitualmente una fuerte crítica social. No obstante, algunos de estos abogados se consideran, y son considerados por sus pares, como héroes cuya conducta es elogiable. La paradoja radica en que mientras más son criticados socialmente como villanos más se perciben a sí mismos como héroes y más son elogiados por los otros abogados. En segundo lugar, a partir del Principio de no Responsabilidad, que forma parte de la concepción estándar de la ética de la abogacía, y de la noción de conducta supererogatoria, se muestra por qué, en ciertas circunstancias, la aceptación como cliente de alguien que ha cometido crímenes aberrantes es efectivamente digna de elogio y heroica. La hipótesis es que lo que conduce a la paradoja es que, entre estas circunstancias, se encuentra el hecho de que la conducta profesional sea criticada socialmente como inmoral o incorrecta.
Retos de la función jurisdiccional para un mundo interdependiente y ecodependiente
En un mundo en el que las relaciones jurídicas son interdependientes y en el que dependemos de los recursos naturales para mantener nuestro nivel de producción y consumo, un nutrido grupo de juristas y científicos avalan la necesidad de poner ciertos límites a la libertad del mercado para proteger adecuadamente los derechos humanos y, por tanto, la democracia. No hacerlo conlleva privar de futuro a las próximas generaciones. Se abre así ante la justicia un nuevo elenco de intereses dignos de tutela y de legitimación. Previsiblemente, la utilización de la tecnología —especialmente, de la inteligencia artificial— propiciará la aceleración y la complejización de la conflictividad, y los tribunales se verán enfrentados a la necesidad de resolver las nuevas controversias en escenarios globales, multinivel y, a menudo, anómicos. Los derechos de solidaridad y la diligencia debida de los Estados aparecen como conceptos clave en esta nueva era.
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Antisubordinación y discriminación algorítmica
La perspectiva antisubordinatoria del derecho antidiscriminatorio se basa en la noción de igualdad como no exclusión. Tal como opera actualmente en distintos contextos, la inteligencia artificial contribuye a la perpetuación de sistemas sociales de opresión/subordinación que generan exclusión. Este artículo analiza la dicotomía entre las corrientes anticlasificación y antisubordinación y el impacto de ambas perspectivas en el combate contra la discriminación algorítmica. A tal efecto, se estudian cuatro elementos clave para entender la perspectiva antisubordinatoria (los estereotipos, la no neutralidad, la descontextualización y la monocultura) que muestran que la misma crítica que se hace desde la perspectiva antisubordinatoria al Derecho puede dirigirse a la inteligencia artificial, dado que en estos dos ámbitos se verifica una concentración de poder. Finalmente, proponemos algunas medidas antisubordinatorias orientadas a hacer frente a la discriminación algorítmica.
Pasión de los fuertes. El derecho como tratado de pasiones
Tanto la función social de ese artefacto cultural que llamamos Derecho como el trabajo de los juristas pueden ser interpretados a la luz de su relación con las pasiones. Este trabajo discute las hipótesis complementarias del Derecho como pasión de los fuertes o como recurso de los débiles. Examina, en segundo lugar, algunas pasiones con las que se vincula al Derecho, entre ellas el poder, el odio y el resentimiento o la venganza y discute el modelo del jurista puro. Finalmente, propone el análisis de dos pasiones contradictorias: la pasión por el Derecho, que incluye el tipo extremo del afán de la justicia a todo trance, y la pasión por superar el Derecho como instrumento de mediación cial.
Inteligencia artificial y proceso penal; especial referencia a las medidas cautelares
El uso masivo de las nuevas tecnologías no solo influye en nuestra vida diaria, sino también en el funcionamiento de la Administración de Justicia. Los importantes cambios que está experimentando la Administración de Justicia con la entrada de la digitalización se ven superados por la irrupción de la inteligencia artificial y su influencia en la actividad de los distintos operadores jurídicos. Si bien no son pocas las aplicaciones de la inteligencia artificial en el campo de la Justicia, la posibilidad de que esta tecnología pueda auxiliar al juez en la toma de decisiones —e incluso sustituirlo— es una las mayores preocupaciones actuales. Tras unas consideraciones de carácter introductorio, en estas páginas se analiza el uso de la inteligencia artificial en el campo de las medidas cautelares penales.
El dilema del razonamiento, motivación y decisión judicial algorítmica (IA): ¿la posibilidad de lo imposible?
Los modelos automatizados de decisión y la aparición de algunas inteligencias artificiales decisoras en sede judicial generan diversos interrogantes, entre ellos si la decisión judicial algorítmica es función judicial en sentido estricto, si es una decisión razonada, si está motivada, cuál es su grado de individualización y si el marco jurídico y las condiciones tecnológicas exigidas son suficientes para equiparar la decisión judicial humana a la decisión judicial algorítmica. Se abre un debate sobre el mantenimiento o la redefinición de numerosos principios como el de inmediación, el juez natural, la independencia judicial, la imparcialidad, la responsabilidad, cuestiones, todas ellas que, lejos de ser baladíes, comportan la necesidad de una reflexión pausada para garantizarlos adecuadamente. El objeto de este trabajo no es analizar estas cuestiones, sino centrarme en el examen de función judicial decisora algorítmica per se, en su significado y contenido desde la reflexión en torno a qué significa pensar como juez, razonar como juez, motivar como juez la decisión judicial, y sobre si este modo de pensar es extrapolable a un modelo computacional, una estructura tecnológica compleja o a una inteligencia artificial
Derecho del trabajo, inteligencia artificial y tutela de las personas
El Derecho del trabajo ha estado siempre condicionado por la evolución de la tecnología. En este momento, el contexto tecnológico se caracteriza por la digitalización y por la utilización de la Inteligencia Artificial (IA), avances que ha impactado en el ámbito del trabajo en general, no solo en el empleo asalariado. El objetivo de este artículo es doble: por un lado, analizar cómo afectan los sistemas de IA a las relaciones laborales y al mercado de trabajo; por otro, estudiar y valorar la respuesta del ordenamiento jurídico a este fenómeno. Los poderes públicos han reaccionado mediante la construcción de un verdadero «Derecho algorítmico» que tiene una relevante dimensión laboral, dado que las personas trabajadoras se ven potencialmente afectadas por la generalización del uso de sistemas de IA en las organizaciones en las que están empleadas. Se trata de una rama emergente del Derecho que se nutre de componentes de distinto origen y naturaleza y que presenta un alto grado de complejidad y sofisticación técnica.